Mejor con software libre
Varios proveedores de acceso a Internet en España (Vodafone, Movistar, Euskaltel y Yoigo) han bloqueado el acceso al sitio web de Women on Web. Más detalle sobre el suceso en el artículo de Dones Tech Censura a l'estat espanyol de la web womenonweb.org (suport al dret a avortar segures) (en catalán).
Como se ve en la imagen introductoria del artículo, la página se puede ver desde fuera de España, pero no en España (solo es posible usando Tor o una RPV).
Ha lanzado recientemente el Gobierno de España una página web y una aplicación para el autodiagnóstico del COVID-19, software privativo, al menos por ahora. Dicen:
Nuestra intención es liberar el código fuente para que otros organismos oficiales puedan implementar sus propias versiones de la aplicación, cada uno adaptando la herramienta a su protocolo sanitario de autoevaluación y triaje, asegurando la accesibilidad y la igualdad de oportunidades poniendo tecnología al servicio de la lucha contra la pandemia.
Según he visto, parte del código de la página enlaza a librerías externas que se encuentran en servidores de Google. El código que se carga, aunque pertenece a una librería libre llamada Web Font Loader, está ofuscado.
Ya que tienen un correo de contacto, les he hecho llegar el siguiente mensaje con el asunto «Sugerencia de seguridad y cuestiones»:
Le he echado un vistazo al código de la página principal. No se debería ejecutar código de servidores externos, sino alojarlo todo en el propio servidor. Hablo de recursos externos como https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js, que debería ser alojado en un servidor bajo el control del Gobierno de España, no en el de una empresa de EE. UU., si es que se toman la seguridad en serio. Si no, desde el servidor de Google pueden cambiar el código en cualquier momento.
A propósito, ¿cuánto dinero público se ha invertido para el desarrollo, de esta aplicación y página web? ¿Y en los otros proyectos redundantes de las demás Comunidades Autónomas? ¿Dónde se publicará el código fuente? ¿Por qué no se ha hecho aún?
Como mencioné en un artículo anterior, esta aplicación no ofrece nada nuevo: toda la información sobre el COVID-19 se encuentra fácilmente en Internet.
Las palabras en relación a la privacidad en este caso son más bonitas que las de la aplicación de la Comunidad de Madrid, que daba a empresas privadas datos públicos de salud:
el único responsable de los datos es el Ministerio de Sanidad
La excusa del COVID-19 se está utilizando mucho para invadir la privacidad y censurar los puntos de vista críticos mediante el uso de tecnologías digitales de empresas que pretenden sacar el máximo beneficio de la pandemia.
La cuarentena impuesta ha dejado a gente encerrada (sin empleo o con teletrabajo) y a estudiantes sin clases, pues aunque dicen que hay clases digitales, mucha gente no tiene Internet y los puntos de acceso públicos están cerrados. Los estados no hacen nada para solucionar la brecha digital.
Las empresas tecnológicas están utilizando la situación para blanquear su imagen y obtener dinero público, como han advertido ya muchos expertos. En España encontramos un caso de estos en el pago de dinero público a empresas privadas para desarrollar una página web y aplicaciones móviles en la Comunidad de Madrid cuyos objetivos son recopilar datos de sus ciudadanos y mantenerlos en manos de empresas privadas. Estos recursos ofrecen información que ya se encuentra por doquier en Internet, es decir, no aportan nada útil.
Si su objetivo hubiera sido facilitar un autodiagnóstico por Internet e informar al mayor número de personas, no habrían puesto como condición previa introducir datos personales, la página funcionaría sin JavaScript para ser más accesible (un ciego, por ejemplo, encontrará dificultades para usar la página) y no habría elementos de rastreo de Google en el código fuente. Los datos personales que recogen son el nombre, apellidos, número de teléfono móvil, DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico, dirección completa, código postal, género y geolocalización. Estos datos privados están ahora en las manos de Google, Telefónica y Ferrovial, quienes aparecen en la política de privacidad como «proveedores y colaboradores».
Las grandes empresas tecnológicas se han puesto también de acuerdo para censurar los puntos de vista diferentes, diciendo que son noticias «falsas». Un ejemplo es la censura de la canción de rap El peor virus de Pablo Hasél en que se critica al Gobierno de España, aunque en ella no aparecía ninguna afirmación falsa. Esta ha vuelto a aparecer en YouTube tras unos días.
Asimismo, gran parte de la población está recomendando el uso de herramientas no libres para videoconferencias, cuya seguridad deja mucho que desear. Por un lado, crece el uso del malware Zoom durante la cuarentena y el de otros programas privativos. Por otro lado, también está aumentando mucho el uso de programas libres como Jitsi y Jami.
La recesión económica que está produciéndose supone numerosas dificultades para todos los sectores, incluido el tecnológico.
Según el Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre aprobado el miércoles 27 de noviembre, el Gobierno podrá intervenir sin intervención judicial telecomunicaciones a partir de ahora:
El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. En concreto, esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.
Los conceptos orden público, seguridad pública y seguridad nacional son tan ambiguos que dan pie a que haya una censura indiscriminada de minorías y movimientos disidentes.
Hoy he leído una noticia que me ha sorprendido bastante. Se trata de la condena a un rapero (conocido como Valtonyc) de 3 años y 6 meses de cárcel por hacer canciones contra la monarquía. Fue acusado por injurias al Rey y por enaltecimiento del terrorismo.
El artísta Valtonyc detenido en está ocasión decía en Twitter:
Esta se suma a las recientes condenas y denuncias contra artístas revolucionarios. Entre fiscal y el policia que me detuvo, presente en juicio, repitieron 17 veces que soy de izquierdas y 9 que rapeo en catalán. ¿Es ilegal?
Como estas situaciones hay muchas más. Algunas de las más conocidas son la condena a un año de prisión a César Stawberry (cantante de Def Con Dos) por enaltecimiento del terrorismo y la condena a dos años de cárcel al rapero Pablo Hasél también por enaltecimiento del terrorismo.
Otra situación bastante alarmante fue la detención de 13 músicos pertenecientes al colectivo musical La Insurgencia en noviembre del año pasado. Según informó el Diario Octubre:
El martes 8 de noviembre, la policía nacional abordó en sus respectivas ciudades a cada uno de los 13 músicos pertenecientes al colectivo musical La Insurgencia, robándoles todo dispositivo electrónico que portasen encima y citándolos para el día 17 de noviembre a las 10:30 horas en la Audiencia Nacional de Madrid para declarar en calidad de investigados por presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo, de incitación al odio, de asociación ilícita y contra las instituciones del Estado.
Una de las más esperpénticas fue la detención el año pasado de dos titiriteros por interpretar una obra de títeres llamada La Bruja y Don Cristóbal. ¿Adivinad por qué fue? Por un supuesto enaltecimiento del terrorismo.
La situación de los artistas revolucionarios en el estado español es alarmante. Se está llevando a cabo una persecución a cualquier tipo de oposición al régimen español. Y todas estas condenas y persecuciones se producen en un tiempo en el que no hay atentados terroristas en España.
La reciente condena de Valtonyc irónicamente se contrapone con el trato que tienen los miembros de la Casa Real frente a la «Justicia». Es muy curioso el caso Noós, en el que la infanta Cristina de Borbón (la hermana del rey) y su marido defraudaron más de quince millones a la Hacienda pública. En este caso, la infanta Cristina de Borbón no fue condenada (parece ser que la Infanta no se enteraba de nada, ni siquiera de lo que firmaba), y su marido fue condenado a seis años de prisión.
